✳️ Te damos la bienvenida al Newsletter del EscazúBarómetro, una iniciativa de Asuntos del Sur para conocer a fondo qué está pasando con el Acuerdo de Escazú, un tratado regional innovador y urgente en materia ambiental.

 

En esta entrega mensual te contaremos los principales avances y alertas sobre el Acuerdo de Escazú y pondremos a disposición información y recursos útiles para saber más de la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe.

 

Como te contamos en la edición anterior, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado del mundo que se ocupa de la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

 

El Acuerdo de Escazú promueve tres derechos clave:
 🔹 Acceso a la información
 🔹 Participación en la toma de decisiones
 🔹 Justicia en asuntos ambientales. Hoy te contamos más sobre este derecho.


Escazú establece:

 

Artículo 8: Todas las personas deben poder acudir a instancias judiciales y administrativas para impugnar decisiones que afecten el medio ambiente. Los Estados Parte deben garantizar este derecho.

 

Artículo 9: Refuerza esta protección al exigir que los países garanticen un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

 

En una región donde los defensores ambientales enfrentan altos niveles de violencia y criminalización, estos compromisos son urgentes y necesarios. La justicia ambiental no puede ser efectiva si quienes la exigen son perseguidos por ejercer sus derechos.

Te contamos la situación de 2

países en justicia ambiental

Colombia: Firmó y ratificó el Acuerdo


El Congreso, el Presidente y la Corte Constitucional cumplieron con la ratificación de Escazú. Pero, ¿están actuando por la justicia ambiental?


A pesar de estos avances, la situación para los defensores ambientales sigue siendo preocupante, Colombia es el país

más peligroso del mundo para defender la tierra y el ambiente (Global Witness). 📣

Además del asesinato, los defensores ambientales enfrentan la criminalización y señalamiento por parte de las industrias extractivas y de grupos ilegales.

 

Esto lo demuestra el caso de los 11 campesinos de Jericó, Antioquia, que fueron imputados penalmente por oponerse al proyecto minero Quebradona de la multinacional AngloGold Ashanti. Los acusados defienden su derecho a la protesta y denuncian persecución y estigmatización.


Con las consignas #EstoyConLos11DeJericó #FueraAngloGold organizaciones sociales apoyan a los campesinos rechazando lo que consideran es una persecución judicial.


El Presidente de Colombia, Gustavo Petro se pronunció a favor de los Once campesinos, pero hasta ahora, el Estado no ha tomado medidas concretas, el Acuerdo de Escazú puede ser una herramienta fundamental para protegerlos.
 
 

Estado de Honduras: no firmó


Aún hay 8 países que no han firmado el Acuerdo de Escazú, entre ellos está Honduras.


Según organizaciones locales, la falta de voluntad política y la influencia de intereses privados en sectores extractivos han obstaculizado la adhesión de Honduras al acuerdo.

La implementación de Escazú obligaría a transparentar proyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales, lo que podría generar resistencia de grupos de poder.


En febrero de 2025, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) presentó una investigación que resalta la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú para fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales.


La violencia contra defensores del medio ambiente en Honduras es alarmante, según Global Witness entre 2012 y 2023 han sido asesinados 149 defensores ambientales en el país.


Además, en el país algunos defensores ambientales son criminalizados. Cristopher Joshua Castillo Sánchez, joven defensor ambiental e integrante de la organización ARCAH (Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras), enfrenta una citación judicial injusta como represalia por su labor en defensa del río Choluteca y los derechos de las comunidades locales. 


Desde hace más de siete años, Cristopher y habitantes de la Aldea Loarque en Tegucigalpa han denunciado la grave contaminación causada por la empresa avícola El Cortijo. Esta situación ha tenido serias consecuencias ambientales y sanitarias para la población.


Desde la Red de Incidencia Regional de Juventudes RADAR, rechazamos la criminalización que sufre Christopher y exigimos justicia y protección. 

 

 

La CEPAL abrió hasta el 3 de junio de 2025 una consulta pública en línea —vía el Mecanismo Público Regional del Acuerdo de Escazú— para incorporar la perspectiva de género en los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental.

 

De esta manera, se reconoce el rol fundamental de las mujeres en la defensa del medio ambiente en América Latina y el Caribe.

Una investigación periodística (disponible en inglés), que presenta algunos litigios en temas ambientales que están usando el Acuerdo de Escazú.

 

El artículo recorre experiencias en países como Panamá, México, Antigua y Barbados y Chile.

 

De esta manera, recorre las interpretaciones judiciales del Acuerdo y las nuevas posibilidades que habilita en la región para detener proyectos extractivos que no respetan derechos ambientales.

2025
 

Mayo

Kemptville, Canadá

2025
 

Junio

en Niza, Francia

2025
 

 Junio

Bonn, Alemania